¿Detectas algún error o falta de ortografía en este artículo? Ayúdanos a corregirlo.
Reportar Error Tipográfico
✓
¡Reporte Recibido!
Muchas gracias por ayudarnos a mantener la calidad de nuestra redacción. Revisaremos el reporte a la brevedad.
Los Indios, Texas – El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que ocho personas se declararon culpables por su participación en una violenta conspiración para monopolizar la industria de las agencias de trámites para transmigrantes en la región fronteriza de Los Indios, cerca de Harlingen y Brownsville.
Tres acusados aún permanecen prófugos.
Los transmigrantes son personas que transportan vehículos usados y otros bienes desde Estados Unidos a través de México para su reventa en Centroamérica.
Las agencias de trámites transmigrantes son negocios en EE.UU. que asisten a estos clientes en la gestión de documentos aduaneros para exportar vehículos a México.
Una red de violencia y extorsión
Según documentos judiciales, los acusados crearon un esquema para fijar precios y eliminar la competencia mediante amenazas y extorsión.
Formaron una entidad centralizada llamada “Pool”, donde los ingresos eran divididos entre los conspiradores, y obligaban a otras agencias a unirse y pagar cuotas para operar.
Los miembros del Pool imponían precios fijos y los publicaban en redes sociales para asegurarse de que todas las agencias cobraran lo mismo.
Aquellos que no cumplían con las reglas eran intimidados, extorsionados o atacados con violencia.
Declaraciones de culpabilidad y sanciones
Los acusados Carlos Martinez (“Cuate”), Pedro Antonio Calvillo Hernández, Roberto García Villareal, Sandra Guerra Medina y Mireya Miranda se declararon culpables de conspiración para fijar precios y monopolizar el mercado, en violación de la Ley Sherman.
Martinez, Calvillo, Villareal y Carlos Yzaguirre también admitieron haber conspirado para interferir con el comercio mediante extorsión, obligando a las agencias a pagar cuotas ilegales llamadas “piso” y “multas” por cada transacción. Martinez, además, se declaró culpable de haber extorsionado al menos $9.5 millones.
Por otra parte, Martinez y José de Jesús Tapia Fernández aceptaron su culpabilidad en un esquema de lavado de dinero, ocultando fondos ilícitos en cuentas bancarias familiares. Juan Héctor Ramírez Ávila se declaró culpable de evadir reportes financieros.
Como parte de su acuerdo, Martinez entregará cuatro propiedades, $375,000 en efectivo y pagará restitución total a las víctimas. Otros acusados también acordaron pagar multas.
Acusados prófugos y penas
Autoridades aún se encuentran tras la pista de Rigoberto Brown, Miguel Hipólito Caballero Aupart y Diego Ceballos-Soto.
Los delitos imputados conllevan severas sanciones:
Fijación de precios y monopolización: hasta 10 años de prisión y una multa de $1 millón.
Extorsión (Ley Hobbs): hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000.
Lavado de dinero: hasta 20 años de prisión y una multa de $500,000.
Evasión de reportes financieros: hasta 5 años de prisión y una multa de $250,000.
El caso sigue bajo investigación por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, la División Criminal de Crimen Organizado y Extorsión, el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Los Indios, Texas – El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que ocho personas se declararon culpables por su participación en una violenta conspiración para monopolizar la industria de las agencias de trámites para transmigrantes en la región fronteriza de Los Indios, cerca de Harlingen y Brownsville.
Tres acusados aún permanecen prófugos.
Los transmigrantes son personas que transportan vehículos usados y otros bienes desde Estados Unidos a través de México para su reventa en Centroamérica.
Las agencias de trámites transmigrantes son negocios en EE.UU. que asisten a estos clientes en la gestión de documentos aduaneros para exportar vehículos a México.
Una red de violencia y extorsión
Según documentos judiciales, los acusados crearon un esquema para fijar precios y eliminar la competencia mediante amenazas y extorsión.
Formaron una entidad centralizada llamada “Pool”, donde los ingresos eran divididos entre los conspiradores, y obligaban a otras agencias a unirse y pagar cuotas para operar.
Los miembros del Pool imponían precios fijos y los publicaban en redes sociales para asegurarse de que todas las agencias cobraran lo mismo.
Aquellos que no cumplían con las reglas eran intimidados, extorsionados o atacados con violencia.
Declaraciones de culpabilidad y sanciones
Los acusados Carlos Martinez (“Cuate”), Pedro Antonio Calvillo Hernández, Roberto García Villareal, Sandra Guerra Medina y Mireya Miranda se declararon culpables de conspiración para fijar precios y monopolizar el mercado, en violación de la Ley Sherman.
Martinez, Calvillo, Villareal y Carlos Yzaguirre también admitieron haber conspirado para interferir con el comercio mediante extorsión, obligando a las agencias a pagar cuotas ilegales llamadas “piso” y “multas” por cada transacción. Martinez, además, se declaró culpable de haber extorsionado al menos $9.5 millones.
Por otra parte, Martinez y José de Jesús Tapia Fernández aceptaron su culpabilidad en un esquema de lavado de dinero, ocultando fondos ilícitos en cuentas bancarias familiares. Juan Héctor Ramírez Ávila se declaró culpable de evadir reportes financieros.
Como parte de su acuerdo, Martinez entregará cuatro propiedades, $375,000 en efectivo y pagará restitución total a las víctimas. Otros acusados también acordaron pagar multas.
Acusados prófugos y penas
Autoridades aún se encuentran tras la pista de Rigoberto Brown, Miguel Hipólito Caballero Aupart y Diego Ceballos-Soto.
Los delitos imputados conllevan severas sanciones:
Fijación de precios y monopolización: hasta 10 años de prisión y una multa de $1 millón.
Extorsión (Ley Hobbs): hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000.
Lavado de dinero: hasta 20 años de prisión y una multa de $500,000.
Evasión de reportes financieros: hasta 5 años de prisión y una multa de $250,000.
El caso sigue bajo investigación por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, la División Criminal de Crimen Organizado y Extorsión, el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El Condado Clark lanza una campaña de prevención de ahogamientos ofreciendo clases de natación gratuitas para niños, destacando la importancia de la seguridad acuática.
La policía de Las Vegas ha arrestado a nueve sospechosos en relación con un homicidio ocurrido en 2025, marcando un avance crucial en la investigación del tiroteo mortal.
Un ciudadano de Denver, Brian Morales, acusa a agentes de Texas de su deportación a México a pesar de su ciudadanía estadounidense. El caso suscita interrogantes sobre prácticas migratorias y verificación de identidad.
En el condado de Eagle, Colorado, se decomisaron más de 80 libras de metanfetamina durante una parada de tráfico en la I-70, resultando en el arresto de un hombre acusado de múltiples delitos relacionados con drogas.
San Diego enfrenta un acalorado debate sobre las tarifas de basura, con una demanda legal que cuestiona un cargo de $46 considerado excesivo. Este caso podría transformar la gestión de los servicios públicos en la ciudad.
El Aeropuerto Internacional de El Paso moderniza su servicio de estacionamiento con un innovador sistema de pago. Esta tecnología promete mejorar la experiencia de los pasajeros al reducir tiempos de espera.
